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Protección de datos

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos), -en adelante RGPD-, cuyo objeto es el establecimiento de las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de tales datos. Por su parte, el 6 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, -en adelante LOPDGDD-, cuyo objeto es completar y adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD.

El objetivo común es la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. De acuerdo con el RGPD, la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales, es un derecho fundamental amparado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la propia Constitución española. Desde esa perspectiva, el papel de las Administraciones Públicas es fundamental como garante principal de los derechos y libertades de la ciudadanía, en estrecha relación con otros ámbitos como son la transparencia y la seguridad de la información.

La regulación de esta materia mediante Reglamento, ha reforzado las garantías para su aplicación directa y alcance general, permitiendo una regulación uniforme para todos los Estados Miembros.

Entre las nuevas obligaciones que las Administraciones Públicas deben cumplir en esta materia destacan, entre otras, la creación y publicación de un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), la implantación de un modelo proactivo basado en la prevención de riesgos y el nombramiento de un Delegado de Protección de Datos

De acuerdo con el artículo 37.1 del RGPD, la Diputación Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) han nombrado un Delegado de Protección de Datos, lo que se ha comunicado a la Autoridad de control para su inclusión en el Registro Público de Delegados. Esta difusión garantiza que los interesados y/o afectados, así como las Autoridades de control, puedan contactar de forma ágil y directa con él a los efectos previstos en la normativa citada. El correo electrónico de contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación y del IEA es: dpd@dphuesca.es

La Diputación Provincial y el IEA, como responsables del tratamiento de datos personales, también deben cumplir con el deber de información a los afectados, ofreciendo información previa sobre qué datos van a tratar, con qué finalidad, qué base de licitud tienen para hacerlo, durante cuánto tiempo y cuáles son los derechos que les asisten, entre otros. Por ello, se han adaptado todos los formularios e instancias con los que la Diputación y el IEA recaban datos personales de personas físicas, ofreciendo en los mismos una primera información básica junto con un enlace: (https://www.dphuesca.es/lopd) para acceder a información ampliada.

Los datos que se recogen en cada uno de los formularios e instancias se circunscriben a los necesarios en función del servicio y/o prestación concreta, siendo tratados de forma lícita, leal y transparente. En caso de que sea el titular quien proporcione a la Diputación o al IEA los datos, responderá de su veracidad y actualización.

También se ha habilitado el correspondiente trámite en la Sede Electrónica para el ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 15 a 22 del RGPD. Si en el ejercicio de los mismos no fuese debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su Sede Electrónica. No obstante, en primera instancia, podrá presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos de la Diputación y del IEA.

Por lo que respecta a los datos de personas fallecidas, el artículo 3 de la LOPDGDD regula su acceso, así como su rectificación y/o supresión, para lo que el solicitante deberá acreditar la vinculación con la persona fallecida.

Si lo desea, puede acceder a la página web de la AEPD en la que podrá acceder a guías y documentación de interés en la materia. También puede consultar aquí la principal normativa de aplicación:

- Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

- Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.