Protección de datos

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), -en adelante RGPD-, cuyo objeto es el establecimiento de las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de tales datos. Por su parte, el 6 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, -en adelante LOPD-, cuyo objeto es completar y adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD.

El objetivo común es la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. De acuerdo con el RGPD, la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental amparado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la propia Constitución española. Desde esa perspectiva, el papel de las Administraciones Públicas es fundamental como garante principal de los derechos y libertades de la ciudadanía, en estrecha relación con otros ámbitos como son la transparencia y la seguridad de la información.

La regulación de esta materia mediante Reglamento, refuerza las garantías para su aplicación directa y alcance general, permitiendo una regulación uniforme para todos los Estados Miembros. Así, no es necesaria su trasposción, si bien la LOPD ha completado y desarrollo algunos aspectos a nivel estatal.

Entre las nuevas obligaciones que las Administraciones Públicas deben cumplir en esta materia, destacan, entre otras, la creación y publicación de un registro de actividades de tratamiento (consulte el Registro de Actividades de Tratamiento de datos de carácter personal de la Diputación Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses), la implantación de un modelo proactivo basado en la prevención de riesgos y el nombramiento del Delegado de Protección de Datos.

De acuerdo con el artículo 37.1 del RGPD, la Diputación Provincial de Huesca ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, habiendo sido comunicado a la autoridad de control para su inclusión en el Registo Público de Delegados de Protección de Datos. Esta difusión garantizará que los interesados y/o afectados, así como las autoridades de control, puedan contactar de forma ágil y directa con el Delegado a los efectos previstos en la normativa citada. El correo electrónico de contacto es dpd@dphuesca.es

Asimismo, la Diputación Provincal de Huesca ha habilitado el correspondiente trámite en la Sede Electrónica para el ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 15 a 22 del RGPD. Si en el ejercicio de sus derechos no fuese debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su Sede Electrónica. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos.